Venta Ilegal



CEyS investigó el circuito de la venta ilegal en la Ciudad avalando las denuncias de CAME y FECOBA 

 

Por iniciativa de FECOBA, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CEyS) desarrolló una investigación sobre el circuito de la venta ilegal en la Ciudad y elaboró un informe con recomendaciones al ejecutivo. Las conclusiones del trabajo respaldan las denuncias que CAME y FECOBA vienen realizando sobre la existencia de mafias organizadas, corrupción, trata de personas, talleres clandestinos, contrabando y robo de mercadería que se distribuyen en saladitas y manteros.

 

 

Los investigadores Agustín Salvia (sociólogo- Conicet / IIGG-UBA/ODSA-UCA) y Carlos de Angelis (sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA), efectuaron un estudio de campo en las ferias ilegales de Once,  Avellaneda, Rivadavia-Flores y Liniers, a pedido del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de determinar el origen y organización de la venta clandestina.

El informe sobre “Ferias Extralegales en Espacios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un sistema complejo de lealtades, oportunismo y explotación amparado por un Estado en las Sombras”, advierte que la “economía popular” promueve la corrupción impositiva, judicial-laboral, aduanera y policial, identificando a los puesteros y manteros como víctimas de organizaciones mafiosas. “Descargar todo el peso del sistema normativo, a disposición de quien ejerce el poder represivo, sobre la parte más débil en una relación de trabajo, refleja la escasa voluntad de atacar el problema de raíz y sancionar a los verdaderos responsables en esta problemática”, señalan los especialistas.

 

Tanto en los talleres como en los procesos de comercialización, se comprobó  sobreexplotación de fuerza de trabajo subordinada. “Se dan relaciones sociales de servidumbre, sometimiento y/o explotación de los trabajadores, sin existir aportes jubilatorios, acceso a una obra social, seguro de trabajo ni derecho a indemnización o seguro de desempleo”, indicaron.

 

En cuanto al circuito clandestino, el proceder de los manteros parece sencillo a primera vista. Pero “requiere una importante logística para el armado/desarmado, depósito y traslado de mercadería, además de una serie de cuestiones netamente comerciales como la elección de la mercadería orientada a la moda y la colocación del ‘precio adecuado’… Los pagos en efectivo por los productos, sin la entrega de ningún tipo de recibo por la compra, contribuyen a la fluidez de las transacciones y posibilita la elución de toda regla en términos impositivos, municipales, aduaneros y de regulaciones laborales”.

 

Los puntos de venta se organizan en las zonas de mayor flujo comercial y de intenso tránsito. “Los espacios más valorados para ubicar los puestos de venta son las avenidas, especialmente las esquinas, dado que cuentan con las ventajas de la mayor visibilidad desde distintos puntos de observación, pero en coincidencia con la presencia de comercios formales cercanos. Luego se van ubicando en forma de racimos en torno a estos sitios, para expandirse siguiendo un criterio que obedece a dos lógicas, la colonización de los espacios fértiles comerciales y la obtención de renta marginal hasta alcanzar las fronteras de la feria (“cola de ferias”)”. Así, a medida que las ferias llevan más tiempo en la zona, van estableciendo estructuras más complejas, y dificultan toda política tendiente a su erradicación o traslado.

 

En cuanto al sistema de comercialización, se apoya en un conjunto articulado de mecanismos extralegales/ilegales: a) la elaboración clandestina de diseños/productos de marca o de moda (fundamentalmente a través de talleres textiles clandestinos), b) la comercialización/acopio/distribución mayorista no fiscalizada (vía piratería, contrabando, levantamientos aduaneros, alquileres de locales o galpones clandestinos), y c) la gestión “en las sombras” de agentes públicos que aceptan, aprovechan o potencian –por acción u omisión- prácticas ilegales para su propio beneficio (corrupción policial, municipal y/o aduanera, ausencia de políticas sectoriales de promoción y/o fiscalización y manipulación vía clientelismo político). “Una cadena de comercialización que incluye la producción, venta mayorista, acopio y distribución de los productos de forma ilegal, que esconden una serie de irregularidades donde el Estado debiera estar presente”, sustenta el informe.

 

En este sentido, hacen especial hincapié en que la procedencia de la mercadería refleja que existe una distribución mayorista no fiscalizada “sobre la cual el Gobierno de la Ciudad tiene la potestad de controlar el tránsito y transporte de cargas en las inmediaciones de las ferias para impedir la distribución de la mercadería ilegal”.
Y teniendo en cuenta que la producción de la mercadería muchas veces se origina en talleres textiles clandestinos instalados en las zonas aledañas a las ferias, “un mayor control de las habilitaciones de locales e inmuebles significaría un impedimento a estas prácticas”. Respecto a la fiscalización, “el pago de los productos se da siempre en efectivo, evadiendo todo tipo de regla en términos de impuestos (Municipales, Nacionales, Aduaneros). Allí la AGIP en la Ciudad y la AFIP a nivel nacional debieran reforzar los controles para que se realice el pago de los tributos correspondientes”, sostienen los investigadores.

 

Es por ello que sugieren “se amplíen las competencias locales para poder abordar la problemática de forma integral. Dado que la Ciudad no tiene competencias plenas, los fiscales no pueden investigar todo el circuito comercial”. En algunos casos, configuran delitos no transferidos a la ciudad, sobre los que entiende la Justicia Nacional, como por ejemplo el robo y el hurto. También ocurre que por ejemplo, sobre un taller clandestino lo único que puede controlar un Fiscal de la Ciudad es si un taller fue clausurado y se viola la clausura, solo la violación de la clausura ya que tienen competencia sobre la habilitación, y en cuanto a la elaboración clandestina de diseños la infracción a la ley de marcas y/o propiedad intelectual, corresponden al fuero federal.

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta las extraordinarias ganancias que genera la actividad en cuestión, se sugiere la realización de campañas con el fin de concientizar a los habitantes sobre el origen de los productos. “Que el consumidor conozca que detrás de los productos hay todo un circuito ilegal que puede incluir, por ejemplo, la trata de personas”, sugieren los especialistas.

 

Sobre las normas de higiene y seguridad, cuyo objetivo es proteger tanto al consumidor como a quien vende, “la venta se realiza al margen de toda regla sanitaria o de seguridad, con especial riesgo en la venta de alimentos, pero también se han detectado casos peligrosos por ejemplo, en la venta de juguetes tóxicos. La Ciudad tiene la potestad de regular, habilitar y fiscalizar el circuito de producción, comercialización y consumo de productos alimenticios”.

 

INMIGRACIÓN Y VENTA ILEGAL

 

Los investigadores observaron que las ferias presentan fuertes lazos étnico-culturales, predominando poblaciones migrantes de países latinoamericanos (peruanos y bolivianos) y/o africanos. “Estos sistemas no sólo constituyen medios de comercialización de productos que tienen como origen talleres clandestinos, importaciones irregulares o actividades ilegales, sino que también son la prolongación de una red étnico-cultural extra fronteras que articula relaciones económicas, políticas, sociales, familiares, etc., las cuales dan sentido de pertenencia comunitaria a quienes participan en ellos. Por lo general, esta red se sostiene gracias al papel de jefe-patrón-líder comunitario que desempeñan los empresarios de mayor poder dentro del sistema”.

 

Y como el mercado de trabajo tiene características informales, “no existe, en principio, ningún impedimento o traba formal para el ingreso, no se precisa tener por ejemplo, la situación migratoria resuelta, la libreta sanitaria ni ningún certificado habilitante”, así resulta común encontrarse con situaciones donde los migrantes más antiguos facilitan el ingreso posterior de otros familiares o personas cercanas. Estos nuevos trabajadores toman un puesto o se inician como ayudantes de algún familiar.

 

La persistencia o la antigüedad es un bien respetado y valorado. Los más antiguos tienen un derecho más amplio que los nuevos.

 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2015 

 

( Fotos: www.infobae.com.ar; www.iprofesional.com.ar )