Desde nuestra entidad, hacemos un llamado a repensar decisiones que impactan en la actividad de las instituciones gremiales empresarias que en parte, se sostienen con la continuidad del aporte obligatorio para el sostenimiento del INACAP (Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio) y que, según algunas interpretaciones, podría verse afectado por el Decreto 149 del corriente año.
El instituto en cuestión, que a nuestro entender no se encuentra alcanzado en el decreto mencionado, por ser una Asociación Civil con Personería Jurídica, ha permitido la realización de un sinfín de actividades formativas, tanto de manera remota como de forma presencial. Sobre esto último, es digno de destacar que muchas de ellas se llevan a cabo con docentes de las propias localidades donde se efectúan, lo que resulta beneficiosos no solo porque los capacitadores conocen la realidad local, sino también porque los honorarios que perciben típicamente se vuelcan en la economía de la zona en cuestión, dinamizando así las regiones del país frecuentemente postergadas.
También cabe enfatizar que el aporte en cuestión, no implica un descuento alguno para los trabajadores, sino que es una contribución que está exclusivamente a cargo del empleador.
En otro orden, debe ponerse de manifiesto que el INACAP en modo alguno agota sus funciones en la capacitación, sino que también es fundamental para financiar las actividades gremiales empresarias que cientos de cámaras realizamos en los más recónditos rincones del territorio nacional. Otras fuentes de recursos, como las cuotas sociales u otras actividades que podemos organizar, resultan insuficientes.
Sin perjuicio de claro sentido vocacional que tiene el gremialismo empresario, es innegable que el normal desarrollo de cualquier institución implica costos (personal, servicio, gastos operativos, etc.); la falta de recursos acordes condenaría a numerosas entidades a su desaparición. Y con la extinción de éstas, las comunidades en las que se insertan se verían privadas de un insustituible canal para que las empresas puedan hacer oír su voz ante los poderes del Estado, que muchas veces intentan avasallar la libertad económica o pretenden expoliar al sector privado con tributos desproporcionados.
Sabedores de que los beneficios del INACAP se derraman sobre la comunidad – incluso sobre quienes no contribuyan a su sostenimiento –, somos conscientes de que el financiamiento voluntario resultaría inviable.
Por eso hacemos un llamado público a la reflexión, a fin de que una medida bienintencionada no redunde en penosas consecuencias para el entramado gremial empresario argentino.
Santa Fe, Marzo 17 de 2025